ICBF ya había tenido que indemnizar a 5 familias por otro caso de abuso sexual en jardín infantil

En medio de la conmoción nacional por la denuncia de presunto abuso sexual en el jardín infantil Canadá, en Bogotá, sale a la luz un antecedente judicial que demuestra que este tipo de hechos no son nuevos y que, en al menos un caso, el Estado fue hallado responsable por no proteger a los niños bajo su cuidado. Se trata del caso del Hogar Infantil Corinto, donde, según documentos judiciales, 18 niños y niñas habrían sido víctimas de maltratos, tortura y abuso sexual por parte de un docente que debía velar por su bienestar.

Los hechos ocurrieron antes de 2017 y fueron denunciados por los familiares de los menores a través de una demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Nación – Fiscalía General de la Nación. El expediente señala como principal agresor al docente Fabián Vivas Guzmán, quien trabajaba en el jardín y tenía contacto directo y constante con los menores. La gravedad de las acusaciones llevó al proceso judicial a centrarse en determinar la responsabilidad del Estado por omisión en el control y vigilancia de sus funcionarios y contratistas .

En julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia y condenó solidariamente al ICBF y al hogar infantil Corinto por los perjuicios ocasionados a cinco de los niños identificados como víctimas directas (HRG, BAMV, JOBT, EHL y KCEL) y a sus respectivas familias. Cada menor fue indemnizado con 200 salarios mínimos por perjuicios morales, además de sumas adicionales por daño a la salud y reparación integral. Padres, hermanos e incluso abuelos de algunos menores también fueron reconocidos como víctimas indirectas.

Aunque en el expediente judicial aparecen referenciados 18 menores afectados, la decisión final del tribunal ordenó el pago de indemnizaciones solo a cinco niños y sus familias. El fallo también impuso medidas institucionales como la capacitación obligatoria de los funcionarios del ICBF, la divulgación interna de la sentencia y la entrega de una disculpa escrita a las familias afectadas.

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