Capturan a cinco mujeres en Córdoba por realizar juegos ilegales que al parecer financiaban al Clan del Golfo

Las autoridades incautaron equipos electrónicos avaluados en $22 millones durante operativos en Tierralta y Sahagún.

Cinco mujeres fueron capturadas en flagrancia por la Policía Nacional en operativos realizados en zonas urbanas y rurales de los municipios de Tierralta y Sahagún, tras ser señaladas de participar en actividades ilegales relacionadas con juegos de azar, considerados monopolio del Estado.

Las capturas, llevadas a cabo por la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) con apoyo del Ejército Nacional, permitieron además la incautación de una serie de equipos electrónicos utilizados en la operación ilícita. Entre los elementos decomisados se encuentran nueve computadores, ocho monitores, siete teclados, tres mouses, cuatro impresoras, tres CPU, seis televisores y una suma no especificada de dinero en efectivo. El valor comercial de lo incautado asciende a unos $22 millones de pesos.

Según la investigación, esta actividad ilegal no solo evade el control estatal, sino que se convierte en una fuente de ingresos para el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo. Las personas involucradas en estas prácticas deben pagar elevadas sumas a dicha organización criminal para poder operar, fortaleciendo así sus finanzas ilícitas.

Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, contemplado en el artículo 312 del Código Penal Colombiano. Esta conducta puede acarrear penas de entre 6 y 8 años de prisión, además de multas que van desde los 500 hasta los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para no participar en juegos de azar no autorizados como rifas o apuestas ilegales, ya que estas prácticas afectan directamente los recursos destinados a la salud y educación en el departamento. Se estima que el perjuicio económico por evasión de derechos de explotación alcanza los $1.700 millones de pesos en lo que va del año.

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