Cereté, Córdoba – Miembros de la comunidad indígena Zenú del resguardo de San Antonio se congregaron en el parque central de Cereté para manifestar su respaldo a la familia de Otoniel Mestra, quien fue afectado por una diligencia de desalojo ejecutada en el barrio Cañitos.
Según explicó su hija, Maira Mestra, durante el procedimiento las autoridades demolieron su vivienda de manera arbitraria, pese a que cuentan con un acta de posesión de más de 15 años y con planos y mediciones que —según afirma— demuestran que su predio está fuera del proceso judicial que involucra a su padre. “Nuestra casa no tiene relación con el bien en disputa”, insistió. También agregó que su padre ya había consignado el dinero exigido por el juzgado y siempre ha mostrado disposición para solucionar la situación, pero el proceso ha sido dilatado injustificadamente.
La comunidad considera que esta actuación viola derechos fundamentales, incluyendo su arraigo ancestral en el territorio.
En diálogo con este medio, el secretario de Gobierno municipal, Alejandro Taboada, reconoció la tensión del momento y explicó que la minga indígena instalada en el parque central se manifiesta por lo que consideran un abuso por parte de las autoridades judiciales. Señaló que el juzgado ordenó al alcalde adelantar el procedimiento por medio del inspector de Policía, a través de un despacho comisorio, lo que limitó las acciones de la administración local.
Taboada aclaró que la Alcaldía solicitó una revisión formal a la Agencia Nacional de Tierras, entidad competente en materia de tenencia de territorios ancestrales, la cual no reconoció esa área como tal. No obstante, recalcó que comprenden la importancia de proteger los derechos de las comunidades originarias: “Por eso estamos aquí, con apoyo del alcalde, haciendo una revisión exhaustiva para garantizarles el debido proceso”.
Como resultado de este compromiso institucional, se anunció la instalación de una mesa de diálogo concertado el próximo jueves 3 de julio, con presencia de los entes responsables, representantes indígenas y delegados del Estado, para revisar el caso y buscar una solución pacífica.
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