En medio de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en 2020, las principales entidades de control del país —la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría General— denunciaron que varios alcaldes habrían aprovechado la emergencia para beneficiar con contratos a quienes los respaldaron en las elecciones municipales de octubre de 2019.
Uno de los implicados en estos señalamientos fue José David Cura Buelvas, quien ocupó la alcaldía de Montelíbano entre 2020 y 2023. Según la investigación, Cura Buelvas utilizó la figura de calamidad pública para adjudicar en abril de 2020 un contrato por más de 6 millones de pesos a la empresa Son Impresores. El objetivo del contrato era proveer 40 mil calcomanías destinadas a identificar los kits humanitarios entregados a los ciudadanos.
Posteriormente, la misma firma fue beneficiada con otro contrato por más de 21 millones de pesos, esta vez a través de Jaguazul, la entidad encargada de los servicios públicos en el municipio. Y no fue el último vínculo contractual: el Hospital Local también contrató a Son Impresores por más de 5 millones de pesos para producir material informativo sobre las medidas de prevención frente al coronavirus.
La Fiscalía formuló cargos contra Cura Buelvas por presunta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Aunque la defensa solicitó prisión domiciliaria debido a supuestos problemas de salud, la solicitud fue rechazada por el ente acusador, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para conceder el beneficio.
Recientemente, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Montelíbano emitió fallo condenatorio en su contra. Sin embargo, la audiencia en la que se fijará la pena quedó programada para el próximo lunes a las 9:00 a. m. Expertos consultados estiman que la condena podría oscilar entre 64 y 216 meses de prisión (equivalentes a entre 5 y 18 años), además de una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo lapso.
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