La entidad debe ejecutar un plan urgente para definir a qué facturas corresponden los pagos ya realizados a prestadores de salud, en medio de la crisis administrativa.
La Superintendencia de Salud ordenó a Nueva EPS poner en marcha un plan urgente para legalizar las facturas de pagos ya efectuados a prestadores de salud en todo el país. La medida busca enfrentar la crisis administrativa que mantiene represados billones de pesos en el sistema y que ha afectado directamente la atención a los pacientes.
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, encomendó esta tarea a Gloria Polanía, nueva gerente interventora de la EPS, quien deberá en cuestión de “pocas semanas” realizar una ronda con prestadores en diferentes regiones de Colombia. El propósito es definir con precisión a qué facturas se aplicarán los recursos ya entregados por servicios médicos prestados.
La decisión se produce después de que la Contraloría General advirtiera sobre supuestas irregularidades en el manejo financiero de Nueva EPS. El organismo de control señaló un aumento del 155% en los llamados anticipos, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y alcanzaron $15,27 billones en junio de 2025.
No obstante, Supersalud defendió que no se trata de anticipos, sino de pagos por servicios médicos ya prestados, los cuales no se han legalizado en facturas específicas. “Nueva EPS solo tiene que hacer con cada prestador las respectivas actas donde acuerda a qué facturas se imputarán dichos pagos”, explicó la entidad.
La controversia entre la Contraloría y la Superintendencia refleja las tensiones sobre el manejo financiero de la EPS, que está bajo intervención del Gobierno Nacional desde abril de 2024.
Mientras tanto, los usuarios han denunciado en los últimos meses la falta de medicamentos en dispensarios y las demoras en la atención médica. Con la legalización de estos pagos, Supersalud espera normalizar las relaciones con los prestadores y mejorar el servicio a los afiliados.
Se el primero en dejar un comentario