La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería enfrenta un nuevo caso disciplinario tras conocerse la formulación de cargos contra dos de sus uniformados por presuntas irregularidades ocurridas en mayo de 2024.
Se trata del subintendente Germán David Mercado Ricardo y el patrullero Juan Andrés Molina Barón, quienes para la fecha de los hechos estaban adscritos al CAI Turístico, en el centro de la capital cordobesa. De acuerdo con la investigación, ambos se habrían evadido del cuadrante asignado para realizar un supuesto operativo en otro sector de la ciudad, donde un ciudadano denunció la pérdida de 10 millones de pesos.
El proceso disciplinario fue adelantado por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción N.º 22 del Departamento de Policía Córdoba, que les formuló pliego de cargos por “ausentarse sin justificación de la jurisdicción del servicio”, calificada como falta gravísima y cometida a título de dolo.
Según el documento de formulación de cargos, los uniformados abandonaron su zona de vigilancia el 26 de mayo de 2024 y realizaron una intervención a un conductor en inmediaciones del Billar Colombia, ubicado en la carrera 8 entre calles 29 y 30 del centro de Montería. Durante el procedimiento, el ciudadano aseguró que uno de los policías le arrebató la suma de dinero y la guardó en un bolsillo del uniforme.
Entre las pruebas allegadas al proceso se incluyen cámaras de seguridad del sector y del Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana, que registraron a los dos funcionarios a la 1:25 de la madrugada en un área que no correspondía a su jurisdicción y sin haber reportado ninguna novedad a sus superiores.
El expediente, que recoge más de 40 páginas de análisis probatorio, ya fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento N.º 14 de la misma institución, encargada de emitir la decisión final.
Durante una audiencia realizada en junio, el denunciante manifestó estar nervioso y expresó su intención de desistir del caso, lo que llevó a los jueces de la institución a preguntarle si había recibido algún tipo de amenaza.
De forma paralela, la Fiscalía General de la Nación, seccional Córdoba, adelanta una investigación penal por el delito de hurto calificado, relacionada con los mismos hechos denunciados. Este proceso se encuentra actualmente en etapa de indagación.
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