El Ministerio Público ofició al gobernador Erasmo Zuleta Bechara para constatar con pruebas la reclamación que solicita la nulidad del mapa de Antioquia, con especial atención a los municipios de Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta
La Procuraduría General de la Nación, decidió revisar los argumentos del departamento de Córdoba en defensa de su mapa geográfico frente a Antioquia, tras la publicación en 2017 del mapa oficial del vecino departamento por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que, según Córdoba, habría incorporado de manera indebida varios de sus municipios.
El Ministerio Público ofició al gobernador Erasmo Zuleta Bechara para constatar con pruebas la reclamación que solicita la nulidad del mapa de Antioquia, con especial atención a los municipios de Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta, cuya inclusión irregular afectaría la delimitación territorial y la administración regional.
En su comunicación, la Procuraduría solicitó documentación detallada sobre los municipios afectados, el área de los territorios incorporados, la existencia de bienes públicos o privados dentro de los límites disputados y la gestión administrativa adelantada por Córdoba para proteger los derechos colectivos y territoriales de sus habitantes.
La entidad también resaltó la importancia de proteger el patrimonio público y garantizar los derechos fundamentales, culturales y colectivos de las comunidades afectadas, a la vez que se asegura la función preventiva y de control sobre bienes de uso público en el marco de la disputa territorial.
El Consejo de Estado ya inició el estudio de la demanda que busca la nulidad del mapa de Antioquia, a la que se sumó el departamento del Chocó, que enfrenta reclamos similares. La controversia subraya que la competencia para modificar los límites departamentales recae exclusivamente en el Congreso de la República, generando atención sobre la posible afectación de comunidades y autoridades locales.
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