Pablo Bustos solicita investigar al mandatario por presuntos ataques a la independencia judicial y encubrimiento.
El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro Urrego, a quien señala de haber cometido el delito de violencia moral agravada contra servidor público y de encubrimiento.
La acción judicial, presentada el 12 de noviembre de 2025, surge a raíz de las declaraciones del mandatario sobre la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien cuestionó por el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Bustos pide investigación penal y política.
En el documento, el abogado Bustos solicita abrir una investigación penal, disciplinaria y política “por indignidad y posibles faltas disciplinarias y hechos punibles” del jefe de Estado. A su juicio, Petro habría atentado contra la independencia judicial al calificar el procedimiento ordenado por Lombana como “ilegal” y “un secuestro familiar”, sin que exista un pronunciamiento judicial que respalde esa afirmación.
“El pronunciamiento del presidente constituye un acto de abierto constreñimiento o violencia moral desde la cabeza de la rama ejecutiva contra la rama judicial. Sus palabras socavan los pilares del Estado de Derecho”, manifestó Bustos en el documento.
El denunciante también cuestiona la postura del mandatario frente a los insultos que el ministro Benedetti dirigió contra la magistrada, a quien llamó “demente y delincuente” en sus redes sociales y medios de comunicación. Según Bustos, el presidente no solo no desautorizó estas expresiones, sino que las respaldó, incurriendo en un presunto acto de encubrimiento.
Corte Suprema rechaza los ataques verbales
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, también se pronunció al respecto y rechazó públicamente las descalificaciones del ministro del Interior hacia Lombana, advirtiendo que tales expresiones pueden “afectar las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”.
Bustos solicitó que la Fiscalía General de la Nación adelante un plan de investigación para establecer si las conductas del presidente configuran los delitos de violencia contra servidor público y encubrimiento, contemplados en el artículo 429 del Código Penal.
La Red de Veedurías, a través de esta denuncia, busca sentar un precedente sobre el respeto a la independencia judicial y los límites que deben observar los altos funcionarios del Gobierno en sus pronunciamientos públicos.
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