La discusión para definir el ingreso base mensual de 2026 atraviesa su etapa decisiva con solo dos días laborales por delante y con una distancia aún considerable entre las propuestas de sindicatos y empresarios. En medio de este escenario, las partes trabajan contrarreloj para intentar llegar a un acuerdo antes de que concluya el calendario oficial.
María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, confirmó que el sector empresarial prepara una nueva oferta económica basada en los indicadores de inflación y productividad. Aunque la propuesta inicial de los gremios fue del 7,21%, la dirigente gremial dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia cifras de doble dígito. “El lunes traeremos nuevas propuestas”, aseguró, destacando que el diálogo se mantiene en un ambiente cordial.
Los sindicatos, por su parte, insisten en un incremento del 16% y advierten que no seguirán dialogando si la contraparte no mejora sustancialmente su posición. Fabio Arias, de la CUT, afirmó que los trabajadores solo continuarán en la mesa si los empresarios elevan su planteamiento al menos al 10%.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo reuniones individuales con las partes este jueves, buscando reducir la brecha que actualmente equivale a $142.706 mensuales. El funcionario anunció que el próximo lunes se realizará una audiencia pública para recibir opiniones ciudadanas y reiteró su disposición de extender la jornada de concertación “hasta la medianoche si es necesario” con el fin de lograr un consenso.
Desde el sector agrícola, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, recordó que la decisión no solo impactará a los 2,4 millones de personas que devengan el salario mínimo, sino también a 11 millones de trabajadores con ingresos inferiores y a cerca de 13 millones que permanecen en la informalidad. Señaló además que incrementos elevados podrían encarecer la formalización laboral y generar efectos inflacionarios, pues numerosos cobros siguen indexados al salario base.
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