La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que presuntamente hacen parte del patrimonio de varios implicados en las irregularidades del contrato firmado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados, cuyo objetivo era llevar conectividad a escuelas rurales del país.
De acuerdo con el ente investigador, las propiedades afectadas superan los 65.900 millones de pesos y corresponden a predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios, que estarían vinculados a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como a algunos de sus familiares.
Las investigaciones indican que estos bienes, ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas detectadas en el proceso contractual, incluidos dineros del anticipo entregado de manera irregular a la Unión Temporal Centros Poblados.
En el marco de este proceso y atendiendo decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de la exministra de las TIC, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.
Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y tienen un carácter estrictamente jurídico. Su objetivo es proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en el proyecto, que contemplaba la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
La Fiscalía explicó que las decisiones se fundamentan en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, luego de establecerse la imposibilidad de rastrear la totalidad de los recursos desviados. La investigación evidenció, además, que se mezclaron bienes lícitos con recursos de origen ilícito y que las sociedades que integraban la Unión Temporal Centros Poblados fueron utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades.
Con estas acciones, el ente acusador reafirma su compromiso de combatir la corrupción y garantizar la recuperación del patrimonio público, mientras continúan los procesos judiciales para establecer responsabilidades penales y patrimoniales en uno de los escándalos más graves de contratación pública en el país.
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