La tensión política y de seguridad en Barranquilla subió de nivel. En un pronunciamiento contundente en su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char arremetió contra el Gobierno nacional por el traslado de peligrosos cabecillas criminales a cárceles de la ciudad, decisión que —según él— se tomó sin garantías reales de seguridad.
Char calificó como “increíble” que, en lugar de enviar refuerzos para fortalecer la fuerza pública, el Gobierno haya optado por mover a delincuentes de alto perfil como Digno Palomino, Castor, el Negro Ober y decenas de integrantes de bandas criminales, revictimizando a una ciudad golpeada por la extorsión y la violencia.
“Aquí no se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos ni el de los comerciantes obligados a cerrar sus negocios”, lanzó el mandatario, recordando que muchos barranquilleros han pagado con su vida el accionar de estas estructuras.
El alcalde también sacó la chequera a la mesa: más de $150.000 millones ha invertido el Distrito en seguridad en los últimos años, con resultados positivos contra la criminalidad. “¿Así respalda el Gobierno a Barranquilla?”, cuestionó.
La alarma se enciende aún más a pocas semanas del Carnaval, cuando la ciudad se prepara para recibir miles de turistas. Char fue tajante: cualquier alteración del orden público será responsabilidad del manejo del Gobierno a la llamada “Paz Urbana”, estrategia que —según él— no tiene marco jurídico claro.
“Lo que ocurra en Barranquilla por esos traslados será responsabilidad de una ‘Paz Urbana’ mal manejada y sin sustento legal”, sentenció.
Finalmente, Char exigió decisiones responsables y concertadas y convocó de manera urgente a entes de control, gremios económicos, representantes de víctimas, academia, al gobernador del Atlántico y al Ministerio Público para blindar la seguridad de la ciudad.
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