
En Irán, las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en rechazo a la profunda crisis económica, la inflación y la devaluación del rial, así como al autoritarismo del régimen, han desencadenado una de las represiones más sangrientas de los últimos años. Según informes de medios y ONG de derechos humanos, la cifra de muertos tras dos semanas de enfrentamientos podría situarse entre 2.000 y 3.000 personas, aunque las cifras oficiales y las de organizaciones independientes varían considerablemente debido al apagón informativo y la censura digital impuesta por las autoridades.
Los datos publicados señalan que, de ese total, varios cientos corresponderían a manifestantes, incluidos menores de edad, así como a fuerzas de seguridad. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó al menos 734 muertos, mientras que medios internacionales como Reuters y el New York Times elevan esas cifras a más de 2.000 o incluso cerca de 3.000 víctimas. Además, se reportan miles de heridos y aproximadamente 10.000 detenciones en diversas ciudades iraníes.
El gobierno iraní, por primera vez, reconoció oficialmente alrededor de 2.000 muertes, aunque atribuyó parte de la violencia a “terroristas” y no ofreció un desglose claro entre civiles y agentes de seguridad. Las comunicaciones permanecieron restringidas por días, dificultando la verificación independiente de los hechos y el reporte de cifras precisas. La represión ha generado condenas internacionales y tensiones diplomáticas, con llamados al respeto de los derechos humanos y al diálogo mientras las protestas y la presión social persisten en todo el país.
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