La representante a la Cámara Cathy Juvinao denunció la existencia de un presunto “cartel de diplomas” expedidos de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, situación que habría permitido la contratación de al menos 24 personas en entidades del Estado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa, en la que la congresista aseguró que estas contrataciones se habrían realizado entre 2023 y 2025, generando un presunto detrimento patrimonial superior a 1.100 millones de pesos. Según explicó, los títulos cuestionados fueron utilizados para acceder a cargos públicos que exigían formación profesional, sin que se cumplieran los requisitos legales para su expedición.
De acuerdo con la investigación revelada, se identificaron dos patrones de irregularidad. En el primero, seis personas habrían recibido su diploma sin presentar la prueba Saber Pro, examen obligatorio para la obtención de un título profesional. En el segundo caso, 18 personas sí presentaron la prueba, pero después de haberse graduado, una práctica prohibida por la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año.
La congresista señaló que estos títulos habrían sido aceptados por diversas entidades del Estado, entre ellas el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que concentra 10 de los casos detectados. También figuran instituciones como la Dian, el Dane, el Invima, el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional de Protección, el Dapre, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Aerocivil y el Ministerio de Salud.
Uno de los casos más llamativos mencionados en la denuncia corresponde al de un funcionario que aparece con cuatro títulos profesionales obtenidos el mismo día. Según los documentos presentados, esta persona figura como graduada el 5 de julio de 2024 en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional, lo que ha despertado serias dudas sobre la legalidad del proceso académico.
La representante Juvinao solicitó a los organismos de control adelantar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades tanto en la institución educativa como en las entidades públicas que habrían validado los títulos y realizado las contrataciones.
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