La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) enfrenta un inicio de año marcado por la incertidumbre y la parálisis en sus ventas. Según informó su gerente, Esteban Ramos Maya, durante enero no se ha facturado ni una sola de las 3,7 millones de botellas de aguardiente y ron que estaban proyectadas para comercializar en Antioquia y otros departamentos.
El directivo atribuyó la situación al decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional a finales de diciembre, el cual incrementó el impuesto al consumo de licores. Esta medida, que busca fortalecer la financiación de la salud, ha generado dudas entre distribuidores y canales de venta, quienes se abstienen de adquirir producto hasta tener claridad sobre los nuevos precios.
Ramos explicó que el aumento implicaría un incremento de 20.000 pesos en la presentación de 750 mililitros, lo que ha frenado la dinámica comercial. “Hoy, a la fecha, puedo decirle, no hemos facturado una sola botella. Los distribuidores están esperando qué pasa con los precios y nosotros también aguardamos la decisión de la Corte Constitucional. Creemos que este decretazo es inconstitucional”, afirmó.
La falta de ventas representa un golpe directo a las finanzas departamentales, pues la FLA estima que dejarán de transferirse alrededor de 22.000 millones de pesos vía impuesto al consumo. En 2025, sin el decreto, la empresa giró $480.000 millones a Antioquia y más de $650.000 millones al resto de departamentos, recursos destinados principalmente a educación y salud.
Además, desde el 1 de enero entró en vigencia el incremento del IVA del 5% al 19%, lo que encareció en 4.000 pesos por unidad los productos de la FLA. Aunque la compañía aún no ha ajustado sus precios, el gerente advirtió que el impacto será inevitable: “Lo más grave es que con el aumento del impuesto de consumo, el aguardiente pequeño y el ron Medellín rojo podrían subir hasta un 48%”.
La situación mantiene en alerta al gremio empresarial y a las autoridades regionales, que esperan la definición de la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto, mientras la Fábrica de Licores de Antioquia atraviesa uno de los comienzos de año más críticos de su historia reciente.
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