La emergencia invernal amenaza la logística, la participación ciudadana y el normal desarrollo de las elecciones al Congreso, a menos de un mes de los comicios.
Las graves inundaciones que hoy afectan amplias zonas del departamento de Córdoba no solo dejan pérdidas sociales y económicas, sino que empiezan a encender las alarmas en el ámbito democrático, a pocas semanas de las elecciones al Congreso previstas para el próximo 8 de marzo. La emergencia invernal podría impactar de manera directa la logística electoral, la ubicación de los puestos de votación y la participación de miles de ciudadanos.
Aunque varios aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes suspendieron sus actividades proselitistas ante la magnitud de la crisis, persiste la preocupación por el desarrollo de la jornada electoral, especialmente en la zona rural, la más golpeada por las lluvias. En muchos corregimientos y veredas, las poblaciones permanecen bajo el agua y su recuperación podría tardar meses, lo que dificulta el acceso de los electores a los puntos de votación.
El panorama es complejo si se tiene en cuenta que en Córdoba se habilitan 557 puestos de votación, de los cuales 417 están ubicados en áreas rurales, lo que representa cerca del 75 % del total. Esta distribución, similar a la utilizada en las elecciones territoriales de 2023, hoy se ve seriamente comprometida por el desbordamiento de ríos y la inundación de vías y centros poblados.
Municipios con alta ruralidad como Montería, Lorica, Cereté, San Pelayo, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, La Apartada, Ayapel, Canalete, Puerto Escondido, Moñitos, Los Córdobas y San Bernardo del Viento presentan amplias zonas afectadas, donde comunidades enteras han quedado incomunicadas.
En la capital cordobesa, la situación también genera preocupación. Barrios de la margen izquierda como Rancho Grande, El Poblado y El Dorado, donde se instalan cerca de 30 mesas de votación en cada sector, resultaron afectados por las inundaciones. Muchas de estas mesas funcionan en instituciones educativas que actualmente operan como albergues para familias damnificadas, lo que obligaría a una eventual reubicación de los puestos.
Ante este escenario, se espera que la Registraduría Nacional del Estado Civil evalúe la situación y, de persistir las inundaciones hasta pocos días antes de la jornada electoral, ordene el traslado de puestos y mesas de votación. Esta medida, aunque necesaria, implicaría un nuevo reto logístico tanto para las autoridades como para los candidatos, quienes tendrían que orientar a sus electores hacia nuevos puntos.
A ello se suma un factor adicional: la pérdida de documentos de identidad por parte de numerosos ciudadanos afectados por las inundaciones, lo que podría dejarlos por fuera del proceso electoral.
Con este panorama, crece la preocupación de que la emergencia invernal provoque una reducción significativa del potencial electoral en Córdoba, afectando la participación ciudadana y poniendo a prueba la capacidad institucional para garantizar unas elecciones accesibles y transparentes en medio de la crisis.
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