El diputado Gabriel Calle Aguas cuestionó con firmeza la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, una norma que había establecido un aumento cercano al 23% para millones de trabajadores en Colombia.
El dirigente cordobés afirmó que no puede normalizarse que decisiones que impactan directamente a millones de trabajadores queden en manos de organismos percibidos como politizados y desconectados de la realidad social y productiva del país. Según sostuvo, cuando la justicia pierde sintonía con las necesidades urgentes de la ciudadanía, deja de ser un instrumento de equilibrio democrático y se convierte en un obstáculo para la justicia social.
Calle Aguas indicó que las altas cortes deben garantizar el control constitucional y legal, pero también actuar con sensibilidad institucional frente al contexto económico y social que vive la nación. A su juicio, la legitimidad de la justicia no depende solo de su autonomía, sino también de su cercanía con el pueblo y de la transparencia en la elección de sus magistrados.
En ese sentido, planteó la necesidad de abrir una discusión seria sobre una reforma estructural de la justicia que incluya:
- Mecanismos de elección más transparentes.
- Menor incidencia de cuotas políticas.
- Mayor rendición de cuentas.
- Una justicia que no sea un poder cerrado sobre sí mismo.
Finalmente, el diputado advirtió que la democracia exige equilibrio entre poderes, pero también coherencia con el mandato popular y las urgencias sociales del país, señalando que si las instituciones no evolucionan con Colombia, terminan perdiendo legitimidad ante la ciudadanía.
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