El traslado de más de 2,7 millones de afiliados a la Nueva EPS, ordenado por el Gobierno nacional, ha generado preocupación en distintos sectores del sistema de salud. Expertos advierten que este movimiento masivo de usuarios podría poner a prueba la capacidad operativa de la entidad, justo en un momento en el que el sistema ya enfrenta múltiples desafíos en la prestación de servicios.
Un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras señala que una migración de esta magnitud podría provocar sobrecarga en la red de atención, lo que se traduciría en mayores demoras para acceder a citas médicas, tratamientos especializados y entrega de medicamentos. El informe también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del sistema frente a la concentración de afiliados en una sola entidad.
La discusión se centra ahora en si la Nueva EPS cuenta con la infraestructura, el personal y la red de prestadores suficientes para asumir la atención de millones de nuevos usuarios. El tema cobra mayor relevancia en un contexto donde ya existen quejas recurrentes por retrasos en autorizaciones y dificultades para acceder a servicios de salud.
Este “trasteo” masivo ha reabierto el debate sobre la forma en que se están implementando los cambios en el sistema de salud colombiano. Analistas coinciden en que cualquier decisión debe priorizar la continuidad y la calidad de la atención, especialmente para los pacientes más vulnerables que dependen del sistema para recibir tratamientos oportunos.
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