En un esfuerzo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, una mujer fue enviada a prisión luego de ser imputada por el delito de feminicidio agravado tras la muerte de su hijastra, una niña de 6 años de edad.
Los hechos que originaron esta grave investigación ocurrieron el pasado 5 de noviembre en el municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño.
La menor, que convivía con su padre y su madrastra, fue llevada a un centro asistencial debido a las múltiples lesiones que presentaba en varias partes de su cuerpo. Lamentablemente, la niña ingresó al centro médico sin signos vitales.
Al ser interrogada sobre lo sucedido, la hoy procesada se limitó a señalar que su hijastra se había caído de un lavadero.
Sin embargo, esta versión fue rotundamente descartada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El informe forense preliminar arrojó resultados desgarradores, señalando que la causa del deceso estuvo relacionada con múltiples traumas en el cuerpo, que posiblemente se relacionan con maltratos previos. Además, la evidencia forense sugirió que la menor habría soportado un patrón de torturas y maltrato infantil sistemático.
La captura de la mujer, de 36 años de edad, se materializó el pasado 8 de noviembre en el municipio de Chigorodó, Antioquia.
El procedimiento judicial se llevó a cabo en el barrio El Bosque, en cumplimiento de una orden judicial emitida ese mismo día por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vigía del Fuerte.
Esta acción fue el resultado de un trabajo articulado entre la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Urabá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
La reacción inmediata de la Unidad Básica de Investigación Criminal, junto al apoyo técnico del CTI, permitió la recopilación de los elementos materiales probatorios necesarios para la judicialización.
De otro lado, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Antioquia presentó a la mujer ante un juez con función de control de garantías de Vigía del Fuerte. La Fiscalía imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que la procesada no aceptó.
A pesar de no aceptar los cargos, el juez decidió afectar a la investigada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
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