Tres abogados barranquilleros presentaron una tutela ante un juzgado civil de Bogotá para obligar al Senado a resolver las apelaciones presentadas por los senadores María José Pizarro y Fabián Díaz contra la votación de la consulta popular.
Las apelaciones cuestionan el poco tiempo otorgado para la votación y su cierre abrupto, sin explicación previa. Los abogados argumentan que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo en condiciones dignas, y el principio de democracia participativa.
La tutela afirma que el cierre del debate sin resolver las apelaciones limita el derecho del pueblo a participar en la democracia, específicamente en la decisión sobre el fortalecimiento del derecho al trabajo.
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