En una escalada de violencia que preocupa a las autoridades y a la población, el departamento del Chocó enfrenta un aumento de ataques con drones cargados de explosivos atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), modalidad que ha dejado decenas de militares heridos y evidencia una amenaza creciente contra la seguridad nacional.
El más reciente atentado ocurrió el miércoles 14 de enero, en la vereda Alto del Oso, jurisdicción del municipio de San José del Palmar, donde tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 25 de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional fueron atacadas con drones equipados con explosivos mientras realizaban labores de patrullaje y control territorial. Como resultado, diez uniformados nueve soldados y un suboficial resultaron heridos por esquirlas producto de la detonación de un artefacto artesanal.
Aunque no se han presentado pruebas directas que permitan identificar insignias o responsables, el Ejército y las autoridades presumen que el ELN está detrás del ataque, dada la presencia y control territorial que esta guerrilla ha ejercido en sectores del Pacífico colombiano. Este hecho se enmarca, además, dentro de la hipótesis de represalia por golpes operacionales recientes, incluyendo la muerte de alias Santiago, un cabecilla clave de la estructura del Pacífico.
El uso de drones cargados con explosivos ha sido calificado por la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, como una táctica “cobarde” y violatoria del Derecho Internacional Humanitario, debido al riesgo que representa tanto para la fuerza pública como para la población civil. La mandataria ha insistido en la urgencia de fortalecer la capacidad tecnológica de las fuerzas de seguridad para contrarrestar estas amenazas, algo que actualmente excede las capacidades financieras de este departamento, uno de los más pobres del país.
En respuesta a la gravedad de la situación, se ha estructurado un proyecto con recursos por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para dotar a la Fuerza Pública y a la Fiscalía de equipos, incluyendo sistemas antidrones, con el fin de reforzar la seguridad local.
El último atentado en Chocó se suma a una tendencia marcada por el uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales en Colombia. Según un reciente balance, entre 2024 y enero de 2026 se han registrado al menos 396 ataques con drones en diferentes regiones del país, lo que ha resultado en aproximadamente 311 afectaciones entre civiles y uniformados.
Del total de incidentes, las cifras indican un predominio de ataques en zonas rurales con presencia de grupos armados, donde las Fuerzas Militares han sido el principal blanco de esta modalidad. Además de los heridos entre los militares, las cifras consolidan un panorama en el que la población civil también se ha visto afectada en varios departamentos donde operan estas estructuras.
La compleja situación de orden público en el Chocó se ve agravada por bloqueos viales que afectan arterias estratégicas como Quibdó–Medellín y Quibdó–Pereira, protagonizados por algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora Córdoba ha manifestado su preocupación de que estos bloqueos sean impulsados o aprovechados por el ELN para dificultar la movilidad y el control territorial en momentos de alta presión militar, generando impactos logísticos y sociales adicionales en la región.
Los expertos en seguridad advierten que el empleo de drones con explosivos se ha consolidado como una de las tácticas más peligrosas y sofisticadas empleadas por grupos armados ilegales en Colombia, elevando la complejidad del conflicto y desafiando la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública. Con estos ataques, que ya no están limitados a un solo departamento, el ELN y otras estructuras buscan incrementar su capacidad ofensiva en múltiples zonas del país, representando un reto continuo para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad nacional.
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