Conmoción en el país tras la sentencia a cadena perpetua contra Brenda Cecilia Agüero, la enfermera de 29 años hallada culpable del asesinato de cinco recién nacidos y del intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba.
La decisión fue tomada por un jurado popular, que tras seis meses de juicio y más de diez horas de deliberación, concluyó que Agüero actuó de manera sistemática, administrando dosis letales de potasio e insulina a bebés que se encontraban en condiciones normales de salud, provocándoles paros cardíacos.
Los crímenes ocurrieron entre marzo y junio de 2022 y, en un principio, las muertes fueron catalogadas como naturales. Sin embargo, la reiteración de casos en circunstancias similares levantó sospechas entre el personal médico, lo que condujo a una investigación formal.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó contundentes pruebas forenses, registros del hospital y testimonios que demostraron el patrón de ataque. Agüero aprovechaba momentos breves sin supervisión médica para llevar a cabo las inyecciones. Algunos de los bebés que sobrevivieron sufrieron graves secuelas internas.
El escándalo también salpica a funcionarios del hospital, incluyendo directivos y un exsecretario de salud, quienes enfrentan procesos judiciales por encubrimiento, al no haber alertado a tiempo sobre las irregularidades.
Agüero, por su parte, negó los cargos y se declaró inocente, afirmando haber sido víctima de una campaña mediática. No obstante, el jurado no halló dudas razonables que la exculparan.
Este caso ha sacudido profundamente al sistema de salud argentino y ha encendido el debate sobre la necesidad de reforzar los controles internos en instituciones médicas del país.
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