Tras casi dos décadas de ocurridos los hechos, la justicia colombiana emitió una de las condenas más significativas por crímenes cometidos contra comunidades indígenas en el Caribe colombiano. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla declaró responsable al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por 117 crímenes perpetrados contra población wayúu y otras comunidades de La Guajira.
De acuerdo con la sentencia, las violaciones ocurrieron entre 2002 y 2006, periodo en el que operó el Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El tribunal estableció que este grupo actuó bajo las directrices de sus máximos comandantes, entre ellos Mancuso, y ejecutó una estrategia de violencia sistemática contra la población civil.
Durante esos años, el grupo paramilitar fue responsable de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, actos de violencia basada en género y otras graves violaciones a los derechos humanos, dirigidas especialmente contra comunidades indígenas asentadas en el norte del departamento.
Uno de los hechos más graves documentados en el proceso corresponde a la incursión armada en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. Según lo probado, los habitantes fueron sometidos a golpes, amenazas y maltratos durante varias horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de chinchorros, mochilas, sombreros y mantas tradicionales, bienes que representaban no solo el sustento económico, sino también el valor cultural de las familias wayúu.
La sentencia también atribuyó al Frente Contrainsurgencia Wayúu el homicidio de dos indígenas en la ranchería Kepischon, ocurrido el 17 de marzo de 2002, así como otros hechos que evidenciaron un patrón reiterado de persecución y control territorial.
Según el fallo, esta estructura paramilitar fue creada en marzo de 2002 y llegó a contar con cerca de 150 integrantes, permitiendo la expansión de las AUC hacia zonas estratégicas de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar su dominio armado.
En materia de reparación, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha, al considerar que fueron afectadas de manera directa y continuada por el accionar paramilitar.
Por estos hechos, Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Sin embargo, en aplicación de los beneficios contemplados en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento efectivo de los compromisos de verdad, reparación integral y garantías de no repetición.
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