El país amaneció golpeado por la noticia del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director seccional de la DIAN en Tuluá y oriundo de Lorica, Córdoba. Su muerte, ocurrida en la mañana del jueves 18 de diciembre, ha desatado un profundo debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción en Colombia.
Un crimen que sacude la institucionalidad
Calao fue atacado hacia las 7:30 a. m., cuando se dirigía a su lugar de trabajo. Dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, acabando con su vida en el sitio. El hecho no solo enluta a su familia, sino que también pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar irregularidades dentro de las entidades estatales.
Denuncias incómodas
De acuerdo con sus familiares, el funcionario había recibido presiones tras advertir sobre presuntas anomalías en devoluciones de saldos tributarios. Su hermana, Claudia Calao, reveló que días antes del crimen, Gilberto había alertado sobre un caso que rondaría los 16.000 millones de pesos, recursos que no corresponderían a los solicitantes. “El error de él fue hacer bien su trabajo”, expresó con dolor.
Una trayectoria marcada por la eficiencia
Con más de 16 años de experiencia en la DIAN, gran parte de ellos en Bogotá, Calao fue trasladado a Tuluá hace siete años como parte de una estrategia para reforzar el control fiscal en la región. Desde 2019, cuando asumió la dirección seccional, logró posicionar la dependencia como una de las más eficientes del país, alcanzando en el último año cerca del 98 % de la meta de recaudo.
Investigación en curso
Las autoridades avanzan en las indagaciones para esclarecer los móviles del crimen y determinar si existe relación directa entre el homicidio y las denuncias realizadas por el funcionario. Mientras tanto, la sociedad exige respuestas y garantías para quienes, como Gilberto Calao, se enfrentan con valentía a la corrupción.
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