El Consejo de Estado ha iniciado el estudio de dos demandas que podrían tener implicaciones históricas para la división territorial de Colombia. Las acciones jurídicas buscan anular el mapa oficial del departamento de Antioquia, alegando presuntas irregularidades en la delimitación de sus fronteras con Chocó y Bolívar.
Las demandas fueron presentadas por ciudadanos que cuestionan la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se establecieron los límites actuales. En particular, se señala que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) habría incurrido en errores técnicos y jurídicos al definir las fronteras, afectando derechos territoriales de comunidades vecinas.
El Consejo de Estado deberá determinar si los actos demandados vulneran normas constitucionales o legales. De ser así, se abriría la posibilidad de modificar el mapa departamental, lo que podría impactar la administración de recursos, la jurisdicción de autoridades locales y el acceso a servicios públicos en zonas limítrofes.
Este proceso ha despertado el interés de autoridades regionales, académicos y líderes sociales, quienes advierten sobre la complejidad de revisar límites históricos y la necesidad de garantizar transparencia y participación ciudadana en cualquier decisión que afecte el orden territorial.
Por ahora, el alto tribunal se encuentra en etapa de análisis preliminar, y no se ha fijado una fecha para la audiencia pública. La controversia pone sobre la mesa el debate sobre la precisión cartográfica y la legitimidad de los procesos de demarcación en Colombia.
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