El reciente decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 podría ser demandado y eventualmente anulado por el Consejo de Estado, en caso de comprobarse que no cumple con los requisitos legales y constitucionales exigidos para su expedición.
Expertos en derecho laboral y exfuncionarios del Ministerio de Trabajo advierten que la decisión presidencial podría enfrentar serios cuestionamientos jurídicos si no está debidamente sustentada en criterios técnicos como la inflación real, la productividad y la motivación económica del aumento.
Posibles causas de nulidad
Una de las principales razones que podría llevar a la anulación del decreto es la falta de motivación técnica suficiente. La normativa establece que el incremento del salario mínimo debe explicar de manera clara cómo fueron ponderados factores como la inflación causada y la productividad laboral. La ausencia de esta justificación podría configurar una “falsa motivación”, causal frecuente de nulidad administrativa.
Asimismo, se advierte que ignorar la inflación real vulneraría el carácter de “derecho vital y móvil” del salario mínimo, principio constitucional que busca garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. Si el aumento no compensa el costo de vida, podría considerarse una afectación directa a este derecho.
Otro aspecto clave es el desconocimiento de la productividad, un criterio obligatorio según la ley. El incremento debe estar alineado con las metas de inflación y los indicadores de productividad discutidos en la mesa de concertación laboral.
Finalmente, sectores económicos han señalado una posible desproporción en el aumento, al considerar que un alza del 22,7 % —como la decretada para 2026— carecería de sustento técnico suficiente y podría generar impactos negativos sobre el empleo formal y la estabilidad macroeconómica.
Panorama para 2026
El salario mínimo base para 2026 fue fijado en $1.746.882, lo que representa un incremento nominal del 22,7 %. Tras el anuncio, varios gremios y exministros expresaron su intención de acudir al Consejo de Estado, argumentando que la medida podría responder más a criterios políticos que técnicos.
¿Qué pasaría si se anula el decreto?
En caso de que el alto tribunal declare la nulidad, el Gobierno estaría obligado a expedir un nuevo decreto, esta vez ajustado estrictamente a los parámetros legales y corrigiendo las fallas técnicas que sean señaladas en la decisión judicial.
Por ahora, el debate se traslada del escenario político al jurídico, mientras el país permanece atento a una posible controversia que podría marcar un precedente en la fijación del salario mínimo en Colombia.
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