El Consejo de Estado tomó el control para analizar la demanda de pérdida de investidura y reabrió el proceso en contra de Gustavo Petro. El tribunal superior anuló un fallo anterior que había detenido el proceso y dispuso seguir con la investigación del caso, enfocado en supuestas faltas de asistencia del actual presidente cuando era congresista entre 2018 y 2022.
La resolución supone que el procedimiento, que en un principio había sido suspendido, deberá proseguir.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, conforme a la providencia del 10 de febrero de 2026, se pronunció sobre una apelación interpuesta contra el auto emitido el 21 de septiembre de 2022 por una sala especial, en el que esta última había determinado que la corporación no tenía competencia para continuar con el caso.
El ciudadano Joan Sebastián Moreno Hernández introdujo la demanda el 24 de mayo del 2022. En ella, pedía que se le revocara la investidura al senador Gustavo Petro por no asistir a las sesiones plenarias, lo cual se consideraba una violación de lo que establece el artículo 183 de la Constitución. El demandante declaró que Petro “fue ausente en diecisiete (17) sesiones plenarias del Senado de la República” desde agosto de 2018 hasta abril de 2022, y también dejó de asistir a otras ocho sesiones durante el mismo periodo legislativo, según el expediente.
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