Contraloría cuestiona intervenciones improvisadas en diques durante la emergencia por lluvias en Córdoba
El ente de control advirtió que cualquier modificación de estructuras hidráulicas debe contar con estudios técnicos y autorizaciones ambientales, especialmente en zonas afectadas como Córdoba.
En medio de la grave temporada invernal que afecta a distintas regiones del país, la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento en el que cuestiona posibles intervenciones improvisadas en diques y compuertas, advirtiendo que este tipo de decisiones deben estar respaldadas por estudios técnicos, análisis hidráulicos y permisos ambientales previos.
El llamado fue dirigido al Gobierno Nacional y particularmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a quienes instó a redoblar esfuerzos para atender de manera pronta y adecuada a los damnificados, pero sin sacrificar el rigor técnico en las medidas adoptadas para mitigar las inundaciones.
La advertencia cobra especial relevancia tras planteamientos del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de intervenir o romper algunos diques para permitir el flujo natural del agua en zonas críticas. Frente a ello, la Contraloría enfatizó que eliminar o modificar estas estructuras sin estudios hidráulicos y sin las respectivas autorizaciones ambientales podría generar consecuencias más graves, tanto para las comunidades afectadas como para los ecosistemas.
El órgano de control también manifestó su preocupación por el estancamiento prolongado de aguas en municipios afectados, señalando que se requieren soluciones técnicas como sistemas de bombeo u otras medidas estructurales debidamente evaluadas, en lugar de decisiones apresuradas que puedan trasladar el problema a otras zonas.
En el departamento de Córdoba, uno de los más golpeados por las lluvias, miles de familias enfrentan afectaciones en viviendas, cultivos e infraestructura básica. La Contraloría reiteró que la prioridad debe ser la protección de la población y el uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la emergencia.
Finalmente, el ente de control dejó claro que su función es preventiva y de vigilancia fiscal, por lo que insistió en que la atención a la crisis invernal debe combinar urgencia con responsabilidad técnica, evitando intervenciones que, aunque bien intencionadas, puedan profundizar los daños.
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