La Corte Constitucional dejó sin efectos las resoluciones con las que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, corrigió y prorrogó la intervención a la EPS Sanitas. El alto tribunal consideró que se vulneró el debido proceso de la entidad, lo que pone en entredicho otras intervenciones recientes en el sector salud, como la de Nueva EPS, y podría tener consecuencias en la demanda internacional que enfrenta Colombia por parte del grupo Keralty.
Según el fallo, la Corte revocó decisiones previas del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia que habían negado una tutela presentada por Sanitas. A través de esa acción, la EPS buscaba proteger sus derechos fundamentales, argumento que fue respaldado por la mayoría de la Sala Plena, aunque con salvamento de voto del magistrado Vladimir Fernández.
La intervención había sido impuesta el 2 de abril de 2024 y prorrogada en abril de 2025. Involucraba la toma de posesión de los bienes, haberes y administración de la EPS por parte del Gobierno. La decisión judicial también remite el caso a la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoce el acceso a la salud como derecho fundamental.
El fallo deja sin piso jurídico la toma de control del Gobierno sobre Sanitas, que atiende a más de 5,7 millones de usuarios, y reaviva la controversia sobre la legalidad y motivación de otras intervenciones. El Ejecutivo había justificado las medidas alegando incumplimientos financieros superiores a los 2 billones de pesos con prestadores de salud.
En paralelo, el grupo español Keralty, propietario de Sanitas y Colsanitas, emprendió acciones legales contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclama una indemnización cercana a los 1.2 billones de dólares. Acusa al Gobierno de expropiación indirecta y de violar estándares internacionales de protección a la inversión extranjera, a través de lo que calificaron como una “intervención arbitraria, ilegal y discriminatoria”.
Según expertos, la decisión de la Corte podría ser usada por Keralty como respaldo en el proceso arbitral internacional, lo que representa un riesgo fiscal importante para el país.
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