La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar formalmente al exsenador y expresidente del Senado, Arturo Char Chaljub, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La decisión se relaciona con presuntas irregularidades ocurridas en las elecciones legislativas de 2017, en las que se habría configurado un esquema de compra de votos en el departamento del Atlántico.
El magistrado Francisco Farfán, ponente del caso, determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio al excongresista, aunque la defensa aún puede recurrir la decisión. Según el alto tribunal, el proceso busca esclarecer si Char participó en un supuesto acuerdo delictivo que habría favorecido candidaturas como la de Aida Merlano Rebolledo, condenada por estos hechos, y otros aspirantes de la región.
La investigación está directamente vinculada al escándalo de la sede política conocida como “Casa Blanca”, en Barranquilla, desde donde se habría fraguado la red de compra de votos que operó en Atlántico. La Corte señaló que los hechos se remontan a octubre de 2017, cuando se habría pactado un acuerdo para garantizar resultados electorales específicos.
La acusación contra Arturo Char, miembro de una de las familias políticas más influyentes de la Costa Caribe, genera un fuerte impacto político y reputacional. Aunque el exsenador insiste en su inocencia y asegura que enfrentará el proceso con respeto institucional, el caso pone bajo la lupa a uno de los clanes más poderosos del Atlántico y revive el debate sobre la corrupción electoral en Colombia.
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