El análisis jurídico advierte además que podría evaluarse una eventual responsabilidad penal empresarial si se demuestra omisión, negligencia o incumplimiento en el deber de mitigar el daño.
En medio de la emergencia invernal que afecta a Córdoba, comenzó a tomar fuerza un debate jurídico sobre una eventual responsabilidad de Urrá S.A. E.S.P. por los daños ocasionados por las inundaciones. El abogado Jesús Padilla Padilla, director de JP Abogados, expuso los argumentos legales que podrían sustentar reclamaciones patrimoniales por parte de las familias damnificadas.
Según el jurista, la generación de energía hidroeléctrica es considerada una actividad peligrosa desde el punto de vista legal, lo que configura la figura del “riesgo excepcional”. En ese escenario, explicó, cuando el Estado o una empresa que presta un servicio público crea un riesgo que se materializa en daños, surge la obligación de indemnizar, incluso sin que exista intención directa de causar perjuicio.
Padilla también señaló que este tipo de compañías cuentan con pólizas de responsabilidad civil extracontractual diseñadas para cubrir afectaciones a terceros. Por ello, en caso de establecerse responsabilidad, existirían aseguradoras llamadas a responder económicamente por los perjuicios ocasionados a viviendas, cultivos y bienes productivos.
El análisis jurídico advierte además que podría evaluarse una eventual responsabilidad penal empresarial si se demuestra omisión, negligencia o incumplimiento en el deber de mitigar el daño. La falta de medidas oportunas para reducir el impacto de la emergencia podría abrir la puerta a investigaciones adicionales.
El abogado insistió en que la clave para cualquier reclamación es la prueba del daño. Documentar pérdidas, conservar evidencias fotográficas, realizar peritajes y estimar afectaciones futuras será determinante para acceder a una eventual indemnización. Mientras avanza la discusión, el debate deja de ser político y se traslada al terreno estrictamente jurídico.
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