Defensoría alerta riesgo electoral en ocho municipios de Córdoba por influencia de grupos criminales

El mapa de riesgo electoral presentado por la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en el departamento de Córdoba al identificar ocho municipios con amenazas críticas frente al proceso democrático que se llevará a cabo en 2026, debido a la posible injerencia de estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con el informe, Ayapel, La Apartada, San José de Uré y Tierralta se encuentran en alerta urgente, mientras que Ciénaga de Oro, Montelíbano, Montería y Puerto Libertador fueron clasificados con riesgo prioritario. Además, otras 21 localidades permanecen en vigilancia constante por parte del organismo.

La entidad explicó que Córdoba hace parte de la macrorregión Noroccidente, que comparte con Antioquia y Chocó, y que agrupa 178 municipios. De este total, 10 requieren intervención inmediata, 38 presentan riesgo urgente y 64 necesitan acciones prioritarias para blindar la participación ciudadana.

El documento advierte sobre la posible intervención del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y otras bandas criminales que pretenden influir en la voluntad popular o incidir en el desarrollo de las campañas políticas.

“Cada territorio exige una respuesta particular. No hay soluciones generales: las acciones deben ser oportunas, diferenciadas y proporcionales al riesgo”, señaló el informe de la Defensoría.

Asimismo, la entidad hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes a fortalecer sus estrategias de seguridad y control para impedir que los grupos armados capturen el proceso electoral.

Entre los municipios que continúan bajo monitoreo permanente figuran: Buenavista, Canalete, Cereté, Chimá, Chinú, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo y Tuchín.

La Defensoría reafirmó su compromiso con la vigilancia electoral y aseguró que mantendrá el seguimiento en estas zonas para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes en 2026.

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