Las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro en la red social X (antes Twitter), en las que señala al expresidente Álvaro Uribe Vélez de estar vinculado con delitos como homicidio, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, podrían acarrearle consecuencias legales.
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante legal de Uribe, informó que presentó una denuncia penal contra el mandatario por los presuntos delitos de calumnia y hostigamiento. La queja fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el organismo encargado de adelantar procesos contra el presidente de la República.
Según un comunicado del bufete, la denuncia se fundamenta en mensajes publicados por Petro los días 28 y 29 de julio de 2025, donde —según afirman— se lanzaron acusaciones “sin fundamento legal ni respaldo judicial” contra Uribe Vélez.
Los abogados alegan que no existe fallo judicial alguno que respalde las afirmaciones del presidente, y consideran que sus mensajes comprometen la honra y el buen nombre del exmandatario. Además, califican las publicaciones como parte de un patrón sistemático de estigmatización política.
“Estas declaraciones, emitidas desde la investidura presidencial y utilizando canales oficiales, representan un ataque directo a la dignidad personal y política del expresidente Uribe, así como una estrategia para desacreditar a quienes comparten su pensamiento político”, indicó la firma en su pronunciamiento.
Uno de los mensajes más polémicos fue la respuesta de Petro al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la que el presidente aseguró que Uribe nunca enfrentó al paramilitarismo, sino que supuestamente pactó con dichos grupos.
Los abogados argumentan que estas afirmaciones vulneran los límites constitucionales y los tratados internacionales sobre libertad de expresión, además de transgredir principios como la prohibición del discurso de odio y la no discriminación política.
“La firma reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho y la dignidad de las figuras públicas frente a ataques infundados. Esperamos que las autoridades actúen con imparcialidad y conforme al marco legal”, concluye el comunicado.
Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación tendrá la tarea de examinar si las afirmaciones del presidente constituyen delito, como lo señalan los representantes del líder del Centro Democrático.
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