Habitantes de los municipios de Patía y El Tambo, en el departamento del Cauca, denunciaron que están siendo presionados por disidencias de las extintas Farc para participar en marchas en contra de la Fuerza Pública. Según las comunidades, quienes se niegan a unirse a estas movilizaciones son amenazados con sanciones económicas de hasta 500 mil pesos y sometidos a trabajos forzados.
Los testimonios recogidos en la zona señalan que los grupos armados ilegales están utilizando la intimidación para forzar la asistencia a protestas que buscan bloquear el accionar de la fuerza pública en el territorio.
Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el aumento de estas prácticas coercitivas y han solicitado la intervención del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de las comunidades rurales y evitar que sean instrumentalizadas en medio del conflicto armado.
Las autoridades no han emitido aún un pronunciamiento oficial, pero se espera que se adelanten acciones para verificar las denuncias y proteger los derechos de la población civil.
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