El caso de Alana, la gata que murió tras ser brutalmente golpeada con varillas en el barrio Villa Real de Montería, continúa generando indignación. Durante el proceso judicial contra el presunto responsable, surgió la posibilidad de que la dueña del animal recibiera una compensación económica; sin embargo, esta fue rechazada de inmediato.
Génesis, quien compartía su vida con Alana, afirmó a través de su representante legal que no está dispuesta a aceptar dinero como forma de reparación. Para ella, la pérdida de su compañera no puede valorarse en términos monetarios. “No se trata de negociar, sino de que se haga justicia y se garantice que hechos así no se repitan”, señaló su abogada de la firma Alegato Juristas.
El ofrecimiento fue mencionado de manera informal por el abogado del acusado, en el marco de un eventual incidente de reparación integral. A pesar de que la ley colombiana contempla esta figura (Ley 906 de 2004), también establece que aceptar una indemnización no detiene el proceso penal ni sustituye las sanciones previstas.
Este caso se procesa bajo la llamada Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas por maltrato animal cuando este termina con la muerte de la víctima. De acuerdo con esta norma, el delito es de interés público y no puede resolverse únicamente mediante acuerdos privados.
Para Génesis, el verdadero objetivo es que el Estado actúe con contundencia y se reconozca la gravedad del hecho. Su dolor, agravado por el vínculo emocional que mantenía con Alana, es compartido por cientos de personas que han expresado su apoyo en redes sociales.
La historia de Alana se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia los animales en Colombia, recordando que ellos son seres sintientes cuya vida merece respeto y protección.
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