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La Fiscalía señala a Otero Dajud por su presunta participación en movimientos financieros relacionados con un lote comprado por la red de alias Maracuyá, señalado por narcotráfico y lavado de dinero.
El exsecretario del Senado, Emilio Otero Dajud, fue mencionado en un escrito de acusación de la Fiscalía dentro de una investigación por lavado de activos y narcotráfico. El caso está relacionado con Javier Rojas García, alias Maracuyá, señalado por liderar una red criminal que habría operado durante casi dos décadas en Colombia.
Según el documento, Otero habría estado vinculado a una transacción sobre un terreno conocido como el lote Alcalis, de 107 hectáreas, ubicado cerca del puerto de Mamonal en Cartagena. El predio, valorado en más de 22.000 millones de pesos, fue comprado en 2006 por alias Maracuyá, su hermana Ruth García y su cuñado Bernardo Pinzón Rivera, este último con antecedentes por narcotráfico.
En 2007, parte de ese terreno habría sido vendido por Pinzón Rivera al propio Otero Dajud y a Alfonso “Poncho” Berrío, hombre cercano al exjefe paramilitar Vicente Castaño. Según la Fiscalía, esta operación se habría hecho mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos para asegurar la compra del lote, que pertenecía a la estatal CISA.
Testigos aseguran que en ese mismo año se realizaron reuniones en Medellín y Cartagena en las que participó Otero, y donde se habría hablado de un pago de 2.000 millones de pesos a una funcionaria identificada como “Margarita”, para facilitar el negocio.
Durante más de una década, Emilio Otero ocupó un cargo clave en el Senado, con influencia en decisiones legislativas y asignación de recursos. Su cercanía con políticos de Córdoba investigados por parapolítica, como Bernardo “Ñoño” Elías y Zulema Jattin, le permitió sostener poder dentro del Congreso.
En 2016, Otero fue elegido contralor de Córdoba pese a los cuestionamientos por sus relaciones previas con personas vinculadas al narcotráfico. Aunque su nombre aparece en el proceso, no enfrenta cargos formales hasta el momento y ha negado haber tenido conocimiento de los antecedentes de quienes participaron en los negocios. Señala que actuó como comprador de buena fe.
El caso sigue en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si avanza en contra del exfuncionario.
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