La justicia salvadoreña aplicó duras condenas contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), con penas que van desde 463 hasta 1.335 años de prisión, en un proceso que marca un precedente histórico en el país centroamericano.
Según la Fiscalía General, 248 pandilleros fueron sentenciados por delitos que incluyen 43 homicidios, 42 desapariciones, extorsión y tráfico de drogas, cometidos entre 2014 y 2022. Entre las víctimas se encuentran un estudiante universitario y una futbolista, así como numerosos negocios afectados por la extorsión organizada desde bases operativas de la pandilla en la provincia de La Libertad.
El régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, que permite detenciones sin orden judicial, ha sido la base para enfrentar a las pandillas. Hasta la fecha, más de 90.000 personas han sido detenidas, de las cuales unas 8.000 fueron liberadas al comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.
Si bien las autoridades celebran estas condenas como un paso firme contra la criminalidad, organizaciones de familiares de detenidos han cuestionado la transparencia y el respeto al debido proceso en los juicios. Samuel Ramírez, portavoz de un movimiento de familiares, señaló que las penas podrían responder a una “estrategia populista de marketing” y subrayó la necesidad de garantizar procesos judiciales claros y equitativos.
Estas sentencias reflejan la intensificación de la política de seguridad del gobierno salvadoreño y reavivan el debate sobre la eficacia y legalidad del régimen de excepción frente a la lucha contra las pandillas.
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