En un hecho histórico dentro del proceso de justicia transicional colombiano, siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber reclutado y utilizado de manera forzada a 18.677 niñas, niños y adolescentes durante décadas de conflicto armado.
La confesión, plasmada en una carta y un video fechados el 27 de febrero de 2026, constituye el primer reconocimiento explícito de este crimen por parte de los máximos líderes de la antigua guerrilla. En el documento, figuras como Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, y Pastor Alape pidieron perdón a las víctimas y a la sociedad colombiana.
Además del reclutamiento, los excomandantes reconocieron graves abusos cometidos contra los menores, incluyendo torturas, violencia sexual, violencia reproductiva y homicidios dentro de las filas insurgentes. La investigación de la JEP ha establecido que al menos el 30 % de los reclutados eran menores de 15 años, y un número significativo denunció haber sufrido violencia basada en género y otros tratos crueles.
Este reconocimiento marca un hito en el camino hacia la verdad y la reparación, pues representa una aceptación formal de responsabilidades que hasta ahora había sido esquiva. Aunque algunos de los firmantes participan hoy en la vida política como senadores del partido Comunes, el peso de estas confesiones podría transformar la percepción pública sobre el conflicto y abrir nuevas fases de rendición de cuentas.
La JEP deberá ahora avanzar en la definición de sanciones propias del sistema de justicia transicional, mientras las víctimas esperan que este paso se traduzca en medidas concretas de reparación y garantías de no repetición.
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