Fueron capturados nueve de los presuntos integrantes del entramado de corrupción, entre ellos cuatro funcionarios de la Policía Nacional, dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares que hicieron parte de la Sijin y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Una compleja red delictiva integrada por funcionarios activos, exfuncionarios y particulares fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación adelantada por un Grupo de Tareas Especiales, que permitió evidenciar el cobro de altas sumas de dinero para direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos.
Como resultado de las diligencias judiciales realizadas en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), fueron capturadas nueve personas, presuntamente involucradas en este entramado de corrupción que operaba desde el interior de entidades encargadas de la investigación criminal.
Entre los capturados figuran integrantes de la Dijín de la Policía Nacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados habrían aprovechado sus cargos para exigir pagos ilegales que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, a cambio de frenar acciones judiciales en su contra.
Según el ente acusador, los pagos exigidos buscaban evitar medidas cautelares con fines de extinción de dominio, impedir la ejecución de órdenes de captura y manipular decisiones dentro de procesos en curso. Las investigaciones han permitido documentar hechos ocurridos en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, lo que evidencia la prolongada operación de esta estructura ilegal.
La Fiscalía también estableció que algunos de los implicados se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde habrían mostrado información reservada sobre actuaciones judiciales para ejercer presión y aumentar las exigencias económicas. Asimismo, se conoció que los presuntos responsables habrían eliminado material probatorio, alterado evidencias y constriñado testigos para que suministraran información falsa, en represalia por la negativa a pagar las sumas solicitadas.
Adicionalmente, los capturados son señalados de intimidar a investigadores con el fin de acceder de manera indebida a detalles de los procesos que estaban bajo seguimiento.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, de acuerdo con su grado de participación, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
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