La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de casación con la que busca que se revoque la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez y, en su lugar, se emita una condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con este recurso extraordinario, el ente acusador cuestiona de fondo la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó en libertad al exmandatario al concluir que no existían pruebas suficientes para demostrar que ordenó ofrecer beneficios a exparamilitares con el fin de que no lo vincularan con grupos armados ilegales.
El antecedente inmediato del caso se remonta a agosto pasado, cuando una jueza de primera instancia impuso a Uribe Vélez una condena de 12 años de prisión domiciliaria. No obstante, dicha decisión fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Bogotá, que determinó que el material probatorio no permitía establecer, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del expresidente en los hechos investigados.
En la demanda de casación, la Fiscalía sostiene que la absolución fue producto de una valoración errada del acervo probatorio. Según el ente investigador, el Tribunal incurrió en apreciaciones equivocadas al considerar ilegales pruebas que, a su juicio, tenían “evidente legalidad”, además de omitir el análisis integral de algunos elementos, evaluarlos de forma fragmentada o incluso tergiversar su contenido, en contravía de las reglas de la sana crítica.
Uno de los ejes centrales del recurso se refiere a las interceptaciones telefónicas. La Fiscalía argumenta que el Tribunal desconoció el principio constitucional de la buena fe, al asumir sin fundamento que existió un actuar indebido por parte de los funcionarios que realizaron las interceptaciones. De acuerdo con el ente acusador, se trató de un error humano razonable, derivado de la confusión entre la línea del expresidente y la de otro investigado, el entonces congresista Nilton Córdoba, por lo que calificó como un error de derecho la exclusión de dichas pruebas.
Finalmente, la Fiscalía también cuestionó la valoración de testimonios clave, entre ellos el de Carlos Enrique Vélez, cuya declaración fue descartada por el Tribunal por supuesta falta de espontaneidad, sin analizar apartes relacionados con pagos y ofrecimientos que, según el recurso, coinciden con otros elementos materiales probatorios. Asimismo, reprochó la apreciación del testimonio de Eurídice Cortés, en el llamado episodio de alias Diana, al considerar que se incurrió en un error de hecho al restarle valor probatorio sin evaluar su relevancia frente a la presunta determinación del expresidente en los delitos investigados.
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