Bogotá. El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que elimina la prima especial de servicios que, durante más de una década, recibieron mensualmente los congresistas de la República. Aunque este beneficio fue creado para cubrir gastos asociados a la labor legislativa en Bogotá, terminó consolidándose como un ingreso adicional permanente.
La prima, vigente desde 2013, comenzó con un valor cercano a $7,8 millones mensuales, cifra que se reajustaba cada año según el incremento salarial del Congreso. Con el tiempo, el monto alcanzó aproximadamente $16 millones por legislador, generando fuertes cuestionamientos por su impacto en el gasto público y su desconexión con la realidad económica del país.
Desde el Gobierno Nacional se explicó que la decisión hace parte de una política de austeridad, equidad y responsabilidad fiscal, en un contexto marcado por limitaciones presupuestales y crecientes demandas sociales. Según el Ejecutivo, la eliminación de este beneficio busca enviar una señal de coherencia frente a los ajustes que enfrentan otros sectores y al discurso de cambio promovido por la administración Petro.
La medida generó reacciones encontradas: amplios sectores ciudadanos y algunas fuerzas políticas celebraron la supresión de la prima como un acto de justicia y un golpe a los privilegios históricos del poder legislativo. Sin embargo, varios congresistas expresaron su inconformidad, calificando la decisión de “populista” y advirtiendo que afecta las condiciones salariales necesarias para el ejercicio de su labor.
Con la eliminación de la prima especial, los ingresos mensuales de los congresistas se reducirán de manera significativa, reabriendo el debate nacional sobre los altos salarios del Congreso, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la urgencia de reformas estructurales al sistema político colombiano.
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