
En un macabro hallazgo que vuelve a estremecer al país, las autoridades confirmaron el descubrimiento de una fosa común en zona selvática del municipio de Calamar, Guaviare, donde fueron enterrados los cuerpos de ocho líderes sociales y religiosos que se encontraban desaparecidos desde abril.
Las víctimas, entre ellas seis hombres y dos mujeres, habían sido citadas entre el 4 y el 6 de abril por presuntos integrantes del frente primero Armando Ríos de las disidencias de las Farc, estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La Fiscalía, en conjunto con el CTI y el Ejército Nacional, logró ubicar los restos gracias a la información proporcionada por un presunto miembro de esa organización ilegal, quien se habría sometido a las autoridades en medio de operativos de presión militar.
¿Quiénes eran las víctimas?
De acuerdo con los reportes preliminares, los fallecidos fueron identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos ellos eran reconocidos en Calamar por su labor comunitaria y liderazgo religioso. Sus cuerpos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal en Villavicencio para realizar los análisis forenses que confirmen plenamente sus identidades mediante pruebas de ADN.
Engañados y ejecutados
Las víctimas habrían sido citadas bajo engaños por hombres armados para presuntas reuniones comunitarias. Una vez en el lugar, fueron retenidas, interrogadas y posteriormente ejecutadas, según revelaron fuentes judiciales. Se presume que el motivo del crimen estaría relacionado con acusaciones de colaborar con el Estado o con organizaciones ajenas al grupo armado ilegal, aunque las investigaciones continúan.
Una comunidad devastada
Familiares de los desaparecidos habían alzado su voz en distintos medios de comunicación durante los últimos tres meses, exigiendo respuestas y clamando por el regreso de sus seres queridos. “No sabíamos quién los tenía ni por qué. Hay hijos esperándolos, hay esposos llorándolos todos los días”, dijo una de las familiares.

Reacción de las autoridades
La Fiscalía General de la Nación calificó el hecho como un crimen atroz que pone en evidencia la persistencia de estructuras armadas ilegales que continúan sembrando terror en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Por su parte, organismos de derechos humanos solicitaron la presencia de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para que acompañen a las familias y den seguimiento a este caso.
Este crimen se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, donde las disidencias de las Farc siguen ejerciendo control territorial y social a través del miedo, pese a los esfuerzos estatales por recuperar el orden y la institucionalidad.
Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y reforzar la presencia del Estado en esta región selvática de Guaviare, donde la paz sigue siendo un anhelo lejano para sus habitantes.
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