La muerte de Kevin Arley Acosta, un menor que padecía hemofilia, ha desatado una fuerte controversia política en Colombia. Aunque la familia denunció que el niño pasó dos meses sin recibir los medicamentos esenciales para su tratamiento, las declaraciones del Gobierno Nacional han encendido el debate sobre la responsabilidad del Estado en el sistema de salud.
Durante un reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro generó indignación al atribuir el deceso a una presunta falta de prevención por parte de la familia del menor. Esta postura ignora las súplicas públicas de la madre de Kevin, quien durante semanas intentó, sin éxito, obtener las medicinas necesarias para estabilizar la condición de su hijo ante la crisis de suministros que atraviesa el sector.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de sus red social X, el líder del Centro Democrático arremetió contra la gestión actual, asegurando que el Gobierno ha priorizado la “destrucción politiquera” del sistema de salud por encima de la protección de los ciudadanos y los derechos fundamentales de la infancia.
El caso de Kevin Arley se ha convertido en el símbolo de la tensión actual sobre la reforma a la salud. Mientras el oficialismo insiste en un cambio de modelo, las voces críticas señalan que la transición está costando vidas debido a la negligencia administrativa y la falta de garantías en la entrega de fármacos vitales.
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