Tras la histórica condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, su hijo, Tomás Uribe Moreno, se pronunció con dureza contra sectores políticos del país, asegurando que existe una estrategia para silenciar a la oposición democrática.
En las últimas horas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable en fallo de primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Tomás Uribe calificó el proceso judicial como parte de una ofensiva liderada por sectores afines al Gobierno nacional. Aseguró que “la narcoguerrilla que hoy ostenta el poder en Colombia busca eliminar a la oposición democrática”, y advirtió que no permitirán que “los terroristas” logren ese objetivo.
El fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, emitido el 28 de julio desde los juzgados de Paloquemao en Bogotá, condenó a Álvaro Uribe por dos de los tres delitos imputados: fraude procesal y soborno en actuación penal. Por el delito de soborno simple, fue absuelto.
The narco-guerrilla which currently holds power in Colombia seeks to eliminate the democratic opposition. They won’t prevail. pic.twitter.com/NWbF6CcM3v
— Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) July 29, 2025
En sus declaraciones, Tomás Uribe criticó duramente al fiscal del caso, a quien vinculó políticamente con el presidente Gustavo Petro, y denunció que su padre fue condenado “por sobornar a dos convictos para declarar en contra de Iván Cepeda, el jefe político de las FARC”. También cuestionó la velocidad con la que se redactó el fallo: “La jueza logró escribir una sentencia de mil páginas en el tiempo récord de dos semanas”.
Así mismo, el hijo del expresidente llamó a juristas y académicos a analizar detalladamente el caso y las pruebas. “La verdad siempre triunfa”, concluyó, al tiempo que consideró que, aunque el fallo favoreció a sus contradictores, “la batalla no ha terminado”.
Con esta condena, Colombia presencia por primera vez en su historia la condena penal de un expresidente en ejercicio del derecho ordinario. La jueza deberá ahora definir si procede una medida de aseguramiento y, eventualmente, la pena correspondiente.
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