El Juzgado 15 Penal de Bogotá revocó la libertad condicional otorgada al contratista Emilio José Tapia Aldana y ordenó su captura inmediata por el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados.
La decisión judicial, emitida en segunda instancia, establece que Tapia debe continuar con su tratamiento penitenciario en el establecimiento que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Hasta el momento, no se ha informado el sitio de reclusión al que será trasladado.
El beneficio de libertad condicional había sido concedido el pasado 11 de abril por una juez de Barranquilla, bajo argumentos de buena conducta, estudio, trabajo y cumplimiento de tres quintas partes de la pena. Sin embargo, la Procuraduría General apeló la medida, señalando que no se consideró si el Ministerio TIC o la Contraloría habían iniciado incidentes de reparación por los recursos públicos comprometidos.
La Comisión de Disciplina Judicial del Atlántico investiga tanto la decisión de otorgar la libertad como la presunta demora en resolver la apelación presentada por el Ministerio Público. El expediente disciplinario fue abierto formalmente el 17 de septiembre.
Tapia es señalado por su participación en irregularidades en contratos para garantizar internet en escuelas rurales, así como en procesos contractuales de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), según informó la Fiscalía en diciembre de 2024.
Conocido como el “zar de la contratación”, Emilio Tapia ha estado vinculado a múltiples escándalos de corrupción, incluyendo el famoso “carrusel de la contratación” en Bogotá. Aunque ha recurrido a preacuerdos para reducir sus penas, ha perdido beneficios judiciales por ocultar dineros ilícitos mientras colaboraba con la justicia.
En 2016 fue condenado a siete años y cinco meses de prisión por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, tras una revisión de una sentencia inicial de 17 años.
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