A pesar de su rol como gestor de paz, el exjefe de las AUC no podrá regresar a ocho departamentos y cinco municipios de Antioquia donde tuvo influencia como paramilitar.
Salvatore Mancuso compareció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el caso que involucra al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Sin embargo, paralelamente, la Sala de Justicia y Paz ratificó las restricciones de movilidad que pesan sobre el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellas, la imposibilidad de fijar su residencia en Montería.
La defensa de Mancuso había solicitado levantar la medida que le impide trasladarse a zonas donde tuvo influencia como comandante paramilitar, alegando complicaciones de salud agravadas por vivir en Bogotá. Durante la diligencia, el excomandante se conectó virtualmente y explicó que requería establecerse en la capital de Córdoba por motivos médicos.
No obstante, la magistrada Alexandra Valencia Molina rechazó la solicitud, asegurando que no hay evidencia que respalde que un cambio de ciudad mejoraría su condición. Además, señaló que Mancuso no ha demostrado avances en su proceso de reincorporación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), ni en sus funciones como gestor de paz.
Con esta decisión, el exjefe paramilitar no podrá ingresar a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, ni a los municipios antioqueños de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, territorios marcados por el accionar de los bloques paramilitares que comandó.
La magistrada advirtió que permitirle vivir en Montería, ciudad donde reside su familia, representaría “una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas” y podría derivar en actos de revictimización.
“Muchos ciudadanos aún luchan por sobrevivir, pero saben lo que significaría convivir con quien formó parte de la guerra que les arrebató a sus familias”, concluyó la togada.
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