El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que pretendía suspender el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte para el año 2026, estableciendo el ingreso total en 2 millones de pesos.
La decisión se dio en el marco de una acción de tutela interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien actuó como apoderado del ciudadano Alexander Donado Rondón, en contra de la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda.
En la tutela se alegó una presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, bajo el argumento de que el Ejecutivo habría excedido sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7 %, sin aplicar de forma estricta los criterios legales que rigen la fijación del salario mínimo.
De acuerdo con la acción judicial, el aumento —que dejó el salario mínimo en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095— podría generar efectos negativos inmediatos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre el empleo formal y los trabajadores del sector informal.
No obstante, el juzgado concluyó que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia requerida para ordenar la suspensión provisional del decreto. Además, señaló que ni en la tutela ni en sus anexos se acreditaron afectaciones concretas e inmediatas a los derechos fundamentales del accionante que justificaran la adopción de la medida cautelar.
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