La Corte Suprema de Justicia avanza en la preparación de una ponencia que busca llamar a juicio a seis congresistas vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, los legisladores habrían recibido beneficios a cambio de aprobar millonarios préstamos internacionales, configurando lo que la Fiscalía describe como una “empresa criminal” dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Entre los nombres que han sido mencionados en medios figuran Martha Peralta, Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi y Berenice Bedoya, además de otros dos congresistas cuyos procesos avanzan en reserva judicial. Lo polémico es que, pese a las investigaciones, varios de ellos aspiran a reelegirse en las elecciones del 8 de marzo, lo que ha generado indignación ciudadana y un debate sobre la ética política en Colombia.
El magistrado ponente de la Corte ya tendría listo el escrito, y fuentes cercanas aseguran que “no se ven las cosas muy amables para los congresistas”, aunque recalcan que la sentencia definitiva difícilmente se dará antes de los comicios, pues el debido proceso exige tiempos más largos.
La controversia se centra en la coincidencia de los tiempos judiciales con el calendario electoral: mientras la justicia avanza en sus plazos, la política se mueve con rapidez, y los congresistas implicados buscan mantener sus curules. Para muchos ciudadanos, esto representa un choque entre la expectativa de sanciones ejemplares y la realidad de un sistema judicial que no se ajusta a la presión política.
.
Se el primero en dejar un comentario