El reciente proyecto de acuerdo presentado por el alcalde de Montería, que buscaba facultades extraordinarias para modificar el presupuesto municipal durante seis meses con el argumento de la calamidad pública por las inundaciones, fue rechazado por el Concejo. Según el análisis del jurista Luis Alonso Colmenares, la decisión de la corporación se ajusta a la Constitución y a la jurisprudencia vigente, pues otorgar tales facultades implicaría despojar al Concejo de su competencia constitucional sobre el gasto público.
Aunque nadie desconoce la gravedad de la emergencia que afecta a miles de familias en Montería, Colmenares advierte que la urgencia no puede convertirse en excusa para desconocer los límites legales. El alcalde, señala, cuenta con herramientas suficientes para atender la crisis mediante contratación directa y proyectos específicos que el Concejo puede aprobar en sesiones extraordinarias. “La tragedia no suspende la Constitución”, enfatiza, subrayando que el control democrático sobre los recursos es indispensable, especialmente en tiempos de crisis.
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