Medicina Legal confirmó que cuatro menores de edad figuran entre los 26 cuerpos trasladados desde la zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tras enfrentamientos entre grupos armados disidentes de las Farc. De acuerdo con el reporte preliminar, se trata de tres mujeres y un hombre, cuyas edades aún no han sido establecidas.
Según el balance oficial de la Dirección Seccional Meta, con sede en Villavicencio, 21 de las víctimas son hombres y cinco mujeres, y hasta el momento dos cuerpos no han sido plenamente identificados, por lo que los procedimientos forenses continúan. Los hechos están relacionados con combates registrados el viernes 16 de enero de 2026 en la vereda Cubay, zona donde operan dos facciones disidentes enfrentadas: el Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias Calarcá Córdoba.
De manera preliminar, el Ejército indicó que la información de inteligencia sugiere que las víctimas pertenecerían al EMC. “La información que se tiene es que pertenecen a la facción de Mordisco, pero Medicina Legal es la que nos puede dar el origen”, señaló el comandante de la Cuarta División, general Ricardo Roque, en declaraciones a Noticias Caracol. Por su parte, el EMC reconoció la muerte de sus combatientes, pero aseguró que habrían sido “envenenados o sedados” antes de ser asesinados, además de reiterar señalamientos sobre una supuesta colaboración del Ejército con el grupo rival, acusaciones no confirmadas por autoridades independientes.
Para atender la complejidad del caso, Medicina Legal desplegó nueve equipos interdisciplinarios de las direcciones regionales de Bogotá y las seccionales de Meta y Cundinamarca, encargados de la identificación y análisis técnico de los cuerpos. La entidad mantiene coordinación con la Fiscalía General de la Nación para la entrega de los restos a sus familiares, mientras que la Defensoría del Pueblo informó que la recuperación de los cuerpos fue posible gracias a una misión humanitaria desplegada en el territorio, que garantizó el acceso seguro y el traslado para su procesamiento forense.
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