El escenario político colombiano vuelve a agitarse tras la reapertura de la investigación por el asesinato de los abogados y defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, ocurrido en 1998. La decisión fue emitida por el Juzgado Tercero Penal de Medellín, que ordenó la investigación directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe y el general retirado Carlos Alberto Ospina.
Esta nueva actuación judicial se suma al proceso que enfrenta el exmandatario por fraude procesal y soborno a testigos, por el cual fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, la sentencia fue apelada y ahora corresponde al Tribunal Superior de Bogotá definir si la confirma, la modifica o la revoca.
Ante la reapertura del caso, Álvaro Uribe reaccionó en su cuenta de la red social X, donde calificó la decisión como “miserable” y basada en una “declaración fantasiosa”. Según el exmandatario, las acusaciones se originan en un testimonio falso sobre una supuesta reunión ocurrida en la finca La Marranera en 1997, la cual —asegura— “nunca existió”.
Uribe insistió en que dicha declaración fue desestimada por la Fiscalía en el pasado y atribuyó las nuevas diligencias a una “rabia política” en su contra. “Basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir que esa declaración fue mentirosa”, afirmó el líder del Centro Democrático.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que adelantará las indagaciones ordenadas por el juzgado de Medellín, sustentadas en nuevos elementos testimoniales que vinculan a estructuras paramilitares y a miembros de la Fuerza Pública. Con ello, el caso de Valle y Umaña Mendoza revive tras más de dos décadas, reabriendo un capítulo sensible de la historia reciente del país.
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